Presuntos delitos de peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias por el favorecimiento de contratos a empresas con vínculos familiares de funcionarios públicos; obras con incremento de costos por millones de dólares; multas sin cobrar, subcontrataciones indebidas; contratos modificatorios irregulares; cambios en los diseños y estudios de carreteras sin justificación técnica; pagos por rubros no ejecutados, son algunos de los hallazgos descritos en el Informe sobre la reconstrucción de Manabí, aprobado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.
Durante la inspección de campo realizada en la zona, se comprobó que hasta el momento existen personas sobreviviendo en carpas improvisadas, no hay cobertura suficiente de servicios básicos por lo que en varias zonas se puede constatar a simple vista las aguas servidas y su consecuente efecto de insalubridad. Las incipientes iniciativas de reactivación productiva no han aliviado el estado de una población que teme denunciar por miedo a perder lo poco que ha podido conseguir para su supervivencia.
OBSERVACIONES AL ESTADO DE LA “RECONSTRUCCIÓN”
Para atender la catástrofe, se expidieron 6 decretos de emergencia con 5 renovaciones, varios acuerdos ministeriales e innumerables resoluciones administrativas, a fin de realizar la asignación de fondos públicos para la ejecución de millonarias contracciones directas.
Entre las obras que se consideraron como prioritarias están las siguientes:
Parque Las Vegas: A pesar de las necesidades apremiantes de la ciudadanía se ejecutó el “Parque las Vegas” costo inicial de 7’100.000; y un costo final aproximado de USD 11500.000. La Secretaría de Reconstrucción lo justifica diciendo que se construyó para: “mejorar los espacios urbanos”. Este parque se encuentra en zona de riesgo por lo que puede sufrir inundaciones en invierno por la falta de desfogue de agua.
Centros Comerciales Autónomos (pilar fundamental para la reactivación de la economía): Se encuentran en un espacio “provisional” estrecho y saturado con techos de planchas de zinc (material que acumula el calor), sin agua potable, ni baterías sanitarias.
Sistema de Riego Carrizal Chone: Hasta la fecha no está en funcionamiento, pese a que su objeto es el dotar de agua a los agricultores de la zona. Esta obra se contrató por un monto de aproximadamente USD 33’000.000.
Adicionalmente, en materia de salud se invirtieron USD 274’000.000 y aún no se construyen los hospitales de Pedernales, Chone y Bahía de Caráquez. Los centros temporales atienden a enfermos en carpas.
En la ciudad de Pedernales existe solo una ambulancia para toda la población para transportar pacientes al Hospital de Santo Domingo. Tampoco se ha construido el terminal terrestre. Existen personas que sobreviven en refugios levantados con palos y bolsas plásticas; existe una la deficiente reposición de las calles y aceras (desniveles, tramos de tierra).
En el reasentamiento “La Nueva Chorrera”, las casas que fueron entregadas no tienen agua potable, en su lugar llega agua salobre, y las tuberías de aguas servidas bajan por el techo de la cocina. En la Antigua Chorrera viven varias familias que no recibieron vivienda. Siete casas fueron donadas por la Fundación de Pescadores.
La vía Manta-Colisa con sus puentes, representa la obra más grande en vialidad de la provincia con un costo aproximado de USD 100’000.000,00. Se constató que no existe un gran flujo vehicular, los tráileres que llevan carga pesada desde el Puerto de Manta ocupan la vía Puerto-Aeropuerto, puesto que es más directa. Además, existen al menos 40 predios afectados que fueron confiscados presuntamente de manera ilegal.
Respecto de los puentes, la ciudadanía opina que no eran prioritarios ya que suben y bajan en la misma vía. Esta obra se encuentra cursando un examen por parte de Contraloría General del Estado. En vialidad y transporte se invirtieron USD 671’000.000.
PRESUNTOS DELITOS Y RESPONSABLES
Entre los presuntos delitos detectados están: peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias por parte del exsecretario Técnico del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, Carlos Andrés Bernal Alvarado con la compañía CONSTRUHIDROCAB (nombre comercial CONCRENOR), de la que él mismo y su madre Carolina Prisela Alvarado Daza constan como socios fundadores, su cuñado Xavier Andrés Vélez Ruperti es representante legal; y su esposa Denisse María Vélez Ruperti es accionista.
El monto aproximado de las obras que sobrepasan los costos reales en relación con otras construcciones de la misma naturaleza, es de USD 398’700.000 aprobado adicional. Adicionalmente la empresa CONSTRUHIDROCAB CIA. LTDA., en el período 2015 a 2018, realizó compras por un monto aproximado de USD 595.000 a CANTERA SAN ISIDRO S.A CANTESAN de propiedad de Xavier Andrés Vélez Ruperti y Denisse María Velez Ruperti (cuñado y esposa de Carlos Andrés Bernal Alvarado).
Se presume que estas personas vinculadas a la empresa habrían cometido defraudación tributaria por la omisión de los ingresos de capital obtenidos por las obras, evitando el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y se presume enriquecimiento privado no justificado.
En el informe de investigación del CPCCS-T consta la presunción del delito de tráfico de influencias en contra de Franklin José Nicanor Bernal Quintero (padre de Carlos Andrés Bernal Alvarado) exsubsecretario de la Regional 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y la compañía ROCASOLIDA CONSTRUCCIONES S.A. (empresa que mantenía negociaciones con la empresa CONSTRUHIDROCAB CIA. LTDA, de propiedad de los hermanos Vélez Ruperti).
En este caso, se realizaron contrataciones (entre ellas con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Manabí y la Empresa Pública Manabí Construye, MTOP, entre otras), por un monto de USD 16’000.000.
Responsabilidades
Además, se presume responsabilidad por el delito de enriquecimiento privado no justificado y defraudación tributaria por parte del contratista Ramiro Leonardo Galarza Andrade a quien se le asignan obras por un monto aproximado de USD 284’000.000, a título personal o como representante legal de más de 40 compañías y consorcios. El contratista mantuvo relaciones comerciales del 2016 al 2018 con la empresa CONSTRUHIDROCAB CIA. LTDA -CONCRENOR- (de propiedad de los hermanos Vélez Ruperti).
Las obras construidas por este contratista presentan anomalías técnicas tanto en la infraestructura como en el incremento de costos a través de contratos complementarios. Además, se presume que habría incurrido en el delito de defraudación tributaria y lavado de activos.
El CPCCS-T recomienda a la Contraloría General del Estado que realice exámenes especiales de manera integral a las obras realizadas en donde intervinieron todas la sociedades mercantiles descritas en el informe de investigación ya sea en el proceso precontractual, contractual, ejecución y fiscalización de los proyectos, culminación efectiva de los trabajos en donde existieron recursos económicos de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana.
Entre otros presuntos responsables de tráfico de influencias, enriquecimiento privado no justificado y defraudación tributaria, el informe menciona a la exsecretaria de Gestión de Riesgos y exgobernadora de Manabí Susana María Dueñas de la Torre, por haberse detectado un incremento patrimonial a través de la COMPAÑÍA WADUSA S.A. de propiedad de su hermano José Marcos Antonio Dueñas de la Torre y la COMPAÑÍA ANDU CONSTRUCCIONES S.A. ANDUCONSTRUC, de propiedad de su cuñada María Antonieta Dellanira Zambrano Vargas, empresas que participan de contrataciones públicas con varias instituciones estatales como el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Manabí, Empresa Pública de Construcción Manabí Construye, Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Manabí, por un monto aproximado de USD 9’000.000.
El CPCCS-T recomienda a la Contraloría General del Estado (CGE) que se inicie un examen especial respecto al proceso de contratación de las empresas COMPAÑÍA WADUSA S.A., COMPAÑÍA ANDU CONSTRUCCIONES S.A. ANDUCONSTRUC en los procesos precontractuales, contractuales, de ejecución y fiscalización de los proyectos y culminación efectiva de los trabajos en donde existieron recursos económicos de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana.
Después de un análisis comparativo entre Contraloría, Procuraduría y Fiscalía General del Estado, se evidenció que la información proporcionada es incompleta; en materia financiera, por ejemplo, las cifras proporcionadas al Consejo sobre los mismos temas no coinciden, por lo que el CPCCS-T, recomienda la creación de un sistema interinstitucional en el que se incluya a los entes gubernamentales mencionados a fin de que se realice una consolidación de la información que permita conocer la situación real de los procesos.
La Subcoordinación Nacional de Patrocinio del CPCCS, actuará como parte procesal en las investigaciones previas iniciadas por FGE y realizará el seguimiento ante los órganos competentes del Estado.
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL TRANSITORIO
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